Cancún, 02 de enero. – En un paso decisivo hacia la protección de las arrendadoras de vehículos en el estado, Quintana Roo se posiciona como líder nacional al tipificar conductas relacionadas con el robo y uso indebido de automóviles rentados.
Cristina Torres, Secretaria de Gobierno de la entidad, informó sobre la reciente aprobación de una reforma al Código Penal estatal que busca combatir esta problemática que afecta tanto al sector turístico como a la seguridad jurídica en la región.
La secretaria explicó que, en muchos casos, los contratos de renta de autos, al ser documentos de carácter civil, dificultaban el proceso de recuperación de vehículos cuando son retenidos, utilizados para fines ilícitos, o sacados del estado.
“Antes, estas acciones no se consideraban robo, sino abuso de confianza, lo que complicaba la investigación y resolución de los casos”, señaló Torres.
Con la reforma aprobada, se incorporan dos nuevas figuras al Código Penal: El no retorno del vehículo rentado: Esto permitirá que las denuncias de las arrendadoras sean reconocidas como delitos penales desde la presentación del contrato como prueba.
También está la Receptación de vehículos: Penaliza a quienes, a sabiendas de que un automóvil es robado, lo compren, posean o utilicen.
Estas modificaciones permitirán agilizar la recuperación de vehículos involucrados en delitos y fortalecerán la seguridad jurídica tanto para las arrendadoras como para los turistas que utilizan este servicio.
“El objetivo es fomentar un entorno de seguridad jurídica y apoyar a quienes trabajan lícitamente, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo del turismo, motor económico de Quintana Roo”
Con más de un millón de turistas que rentan vehículos anualmente en la región, la reforma no solo busca proteger a las empresas arrendadoras, sino también garantizar que el turismo en Quintana Roo siga siendo competitivo y atractivo a nivel internacional.
Para el próximo año, la Secretaría de Gobierno proyecta continuar fortaleciendo la comunicación con comunidades y sectores económicos a través de mesas de diálogo permanentes. Estas estrategias buscan prevenir conflictos sociales y generar soluciones colaborativas que promuevan el bienestar y desarrollo del estado.
“Seguiremos trabajando con autoridades locales y municipales para atender las necesidades de las comunidades y garantizar un gobierno cercano, que escuche y resuelva”
