Líder de Coparmex en la Riviera Maya, respalda regular las rentas vacacionales.

Playa del Carmen, 7 de septiembre. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Riviera Maya, Marck Pujol, expresó su respaldo a la regulación de las rentas vacacionales a través de la Ley de Turismo de Quintana Roo, pues garantizará mejorar la seguridad y el servicio a los viajeros que optan por este tipo de alojamiento.

El dirigente destacó la importancia de que la regulación se realice a través de una normatividad sencilla y ágil, similar a la que se aplica a los establecimientos de hospedaje tradicionales. Propuso que estas regulaciones sean discutidas y establecidas a través de las mesas de Consejo Consultivo de Turismo.

«Si bien es necesario que se apliquen impuestos y se cumplan ciertos requisitos, es fundamental que el proceso sea rápido y accesible para los propietarios de rentas vacacionales. No debe convertirse en un obstáculo burocrático para obtener una licencia turística», añadió.

Pujol reconoció que plataformas como Airbnb ya están contribuyendo al pago de impuestos, pero se mostró dispuesto a considerar la aplicación de impuestos adicionales, incluso a nivel municipal o local, si esto contribuye a nivelar el terreno de juego entre las rentas vacacionales y los hoteles.

«El sector de las rentas vacacionales está dispuesto a asumir ciertos costos si eso garantiza una competencia justa con el sector de hospedaje tradicional», aseguró.

La postura de la Coparmex Riviera Maya respalda la búsqueda de un equilibrio entre la regulación necesaria para garantizar la seguridad y calidad de las rentas vacacionales y la accesibilidad para los propietarios que deseen cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Turismo de Quintana Roo.

Añadió que la regulación de las rentas vacacionales en destinos como la Riviera Maya se ha convertido en un tema relevante en la industria, ya que busca proporcionar una experiencia más segura y confiable a los visitantes, al tiempo que se asegura que todos los actores del sector contribuyan equitativamente a los impuestos y regulaciones necesarios.

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